El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, remitió este martes a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, calificado como urgente en materia económica. La propuesta busca prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales, y está centrada en establecer un marco de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento tributario para las organizaciones sin fines de lucro que operan en Ecuador.
“Esta ley no incomoda a los honestos, incomoda a quienes usaban el ámbito social para maquillar el uso de recursos ilícitos”, afirmó el Gobierno a través de un comunicado oficial. La norma contempla el control a fundaciones, corporaciones, ONGs, organizaciones comunitarias y demás entidades, tanto nacionales como extranjeras, que manejan recursos en el país.
Ley de Transparencia Social: clave en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción
Actualmente, existen 71.786 organizaciones sociales registradas, de las cuales 61.025 están activas, principalmente en Pichincha, Guayas y Manabí. Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende fortalecer la vigilancia sobre el origen, destino y uso de sus fondos, para evitar que estructuras ilícitas o delincuenciales se oculten tras causas sociales.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de la supervisión, control, auditoría e intervención. Las organizaciones vigentes deberán registrarse en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la ley. Así como, cumplir con nuevas obligaciones de reporte público sobre estructura organizativa, fuentes de financiamiento, proyectos y resultados.
El proyecto también reforma cuatro leyes clave:
- La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,
- La Ley de Participación Ciudadana,
- La Ley de Lavado de Activos,
- Y la Ley de Régimen Tributario Interno.
El tratamiento legislativo deberá completarse en un plazo máximo de 30 días, según el artículo 140 de la Constitución. La ciudadanía podrá participar durante un período no menor a cinco días para presentar observaciones, una vez que la comisión correspondiente reciba el informe del CAL y dé inicio al análisis del proyecto.
Con esta iniciativa, el Gobierno del Nuevo Ecuador consolida su política de lucha frontal contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado, apuntando ahora al uso responsable y transparente del capital en el sector social.