La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un presunto esquema de estafa relacionado con inversiones en criptomonedas, luego de que varias familias de Cuenca, en la provincia del Azuay, denunciaran la pérdida de elevadas sumas de dinero tras confiar sus ahorros a una empresa que ofrecía rendimientos en Bitcoin.
La indagación se activó tras la recepción de múltiples denuncias ciudadanas, confirmó el fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso. Según los testimonios, los afectados entregaban dinero para supuestas operaciones en activos digitales, pero nunca recibieron ganancias ni documentación que respaldara las inversiones.
Actualmente, el proceso está a cargo de la Unidad de Lavado de Activos en Quito y ya fue asignado a un fiscal especializado, mientras se recopila información financiera y se analizan posibles responsabilidades penales.
Así operaba el presunto esquema
De acuerdo con la Fiscalía, las empresas bajo investigación captaban dinero mediante la figura de “créditos a plazo fijo” por montos elevados. Posteriormente, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias indicadas por los representantes de las firmas, bajo la promesa de que serían invertidos en criptomonedas, principalmente Bitcoin.
No obstante, las víctimas aseguran que jamás recibieron comprobantes de inversión, contratos válidos ni retornos económicos, lo que levantó sospechas sobre un posible fraude financiero.
Dos empresas vinculadas al caso
Las primeras diligencias revelan la existencia de dos empresas relacionadas con el esquema: una que operaba en Ecuador, encargada de la captación de dinero, y otra con sede en México, a la que habrían sido transferidos los recursos. La Fiscalía también investiga si una de estas compañías se encuentra en proceso de quiebra.
En declaraciones a Radio Tomebamba, Francisco Zamora, abogado de los afectados, identificó a las firmas Capitalika y SCB Smart Capital como las presuntamente involucradas.
El jurista añadió que ambas compañías constan en los registros de la Superintendencia de Bancos como entidades no autorizadas para realizar actividades financieras desde 2024, pese a lo cual habrían continuado captando recursos de ciudadanos.
