sábado, 26 julio 2025
Tendencias
Internacional

El cañón de la coca, talón de Aquiles del proyecto de paz en Colombia

FOTO TOMADA DE AFP.

En lo alto de las montañas del Cañón del Micay, al suroeste de Colombia, la tensión se intensifica en un territorio dominado por grupos armados y narcocultivos. En este enclave guerrillero, la población se enfrenta a un conflicto creciente que pone a prueba la estrategia de paz del gobierno.

El ejército colombiano ha intentado recuperar el control de la zona desde octubre de 2023 mediante la Operación Perseo, una ofensiva militar contra los grupos ilegales que operan en la región. Sin embargo, la resistencia ha sido feroz. La semana pasada, 29 militares fueron retenidos por la población local tras intensos enfrentamientos que dejaron tanquetas incendiadas y viviendas con impactos de bala. Además, el martes, cinco soldados murieron en un ataque con explosivos atribuido a grupos disidentes de las FARC.

Un micro-Estado dominado por grupos armados

Las montañas del Micay han sido tomadas por guerrillas que operan abiertamente, patrullando carreteras y estableciendo retenes. Estas facciones han impuesto su propia estructura de control, con normas que incluyen la prohibición del consumo de cocaína y, en algunos casos, restricciones al alcohol. La comunidad, en medio del fuego cruzado, denuncia el abandono estatal y la falta de servicios básicos como educación y salud.

“Tenemos miedo, desesperación y tristeza”, relata una líder de la comunidad de 67 años, quien prefirió mantener el anonimato por seguridad. Algunos pobladores confiesan que son forzados a movilizarse por órdenes de los grupos armados, mientras que otros rechazan la presencia del ejército, argumentando que solo trae más violencia.

Entre la bonanza cocalera y el conflicto

El departamento del Cauca ha experimentado un crecimiento exponencial en los cultivos ilícitos. De acuerdo con la ONU, la extensión de los narcocultivos se quintuplicó en la última década, alcanzando 31.844 hectáreas en 2023. Estas plantaciones han impulsado una economía informal con recursos destinados a mejorar caminos, dotar escuelas y hasta comprar ambulancias a través de colectas comunitarias.

La disputa territorial no solo involucra a disidencias de las FARC, sino también al ELN, que busca controlar la producción y procesamiento de la hoja de coca. En los puntos de control de la guerrilla, los pobladores deben portar identificaciones locales, y algunos servicios como el transporte en ambulancias requieren un pago de 17 dólares.

El presidente Gustavo Petro sostiene que las comunidades del Micay están siendo instrumentalizadas por los grupos armados y asegura que su plan es transformar la economía local. “No queremos fumigar cultivos ni quemar ranchos, sino generar desarrollo”, afirmó el mandatario, al pedir el apoyo de los campesinos para alejarse del narcotráfico.

No obstante, la desconfianza crece entre los habitantes de la región. En 2022, Petro ganó con el 81% de los votos en el Cauca, pero hoy muchos de sus seguidores se sienten traicionados. “Se suponía que era el gobierno del cambio, pero lo único que ha traído es guerra”, expresa un campesino y recolector de hoja de coca de 37 años.

El fin de semana, el temor se apoderó de la zona tras la difusión de rumores sobre un posible bombardeo militar. La comunidad reportó un fuerte estruendo en un área deshabitada, que algunos interpretaron como una estrategia de guerra psicológica por parte del ejército.

División social y un futuro incierto

El conflicto ha fragmentado a las familias y ha generado desconfianza entre comunidades vecinas. Los habitantes temen desplazarse, ya que los forasteros son considerados sospechosos. Según la investigadora Juana Cabezas, de la ONG Indepaz, Colombia no ha vuelto a los niveles de violencia de décadas pasadas, pero sí atraviesa una reconfiguración del conflicto, marcada por la fractura de grupos armados desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.

“Nos ilusionamos con este gobierno, pero nos sentimos decepcionados”, lamenta una líder afrodescendiente, quien perdió a su esposo en el conflicto. “Si no quieren inversión social, al menos que nos dejen vivir en paz”, concluye.

Con información de AFP.