Un juez ordenó prisión preventiva para los tres nuevos procesados dentro del Caso Magnicidio FV y dispuso que la instrucción fiscal se extienda por 30 días adicionales, informó la Fiscalía General del Estado este 10 de febrero de 2026. La autoridad judicial también amplió las medidas de protección a favor de las hijas de la víctima e incluyó a más integrantes de su entorno familiar.
Los vinculados son Wilmer Geovanny Ch. B., alias “Pipo”; Ángel Esteban A. M., alias “Lobo Menor”; y Luis Alfredo A. A., alias “Gordo Luis”, quienes enfrentan cargos por el delito de asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito, durante un mitin político.
Según la teoría de la Fiscalía, alias “Pipo”, identificado como cabecilla de una banda terrorista, habría sido quien autorizó, dirigió y ordenó la ejecución del crimen. La investigación sostiene que, tras la muerte de Leandro Norero, alias “El Patrón”, los presuntos autores mediatos acudieron directamente a “Pipo” para concretar el atentado, tras lo cual se habría activado toda la estructura criminal.
El ente acusador señala que “Pipo” dispuso que la coordinación, comunicación y supervisión del seguimiento esté a cargo de Carlos Angulo L., alias “Invisible”, uno de los autores materiales ya sentenciado. Además, habría recibido información reservada sobre contactos policiales vinculados a la seguridad del entonces candidato, la cual presuntamente fue utilizada para la planificación del crimen.
En cuanto a alias “Lobo Menor”, la Fiscalía indicó —con base en testimonios anticipados— que tenía control directo del grupo armado, y se encargaba de los seguimientos, supervisión de reuniones, pagos y operatividad del ataque.
Por su parte, alias “Gordo Luis” habría sido el responsable de entregar una elevada suma de dinero a una disidencia de las FARC para contratar a los sicarios que ejecutaron el asesinato, de acuerdo con el testimonio de un testigo protegido.
La Fiscalía también recordó que Xavier J., José S., Ronny A. y Daniel S. ya fueron procesados desde el 3 de septiembre de 2025 como presuntos autores mediatos, quienes habrían solicitado y financiado el crimen con apoyo de grupos armados irregulares.
Con esta nueva vinculación, el caso entra en una fase ampliada de investigación, mientras los procesados permanecerán con prisión preventiva y bajo las nuevas disposiciones judiciales de protección a los familiares de la víctima.
