El Gobierno Nacional ha declarado una ofensiva intensificada contra la minería ilegal, delito que financia el terrorismo y otras actividades criminales, buscando cortar el flujo de capital, recuperar territorios y asegurar comunidades.
Desde enero de 2024, las Fuerzas Armadas de Ecuador han desplegado un esfuerzo significativo, realizando 32.000 operaciones militares dedicadas a combatir la minería ilegal. Este número representa una parte considerable de las misiones militares a nivel nacional, todas ellas enfocadas en desmantelar las estructuras criminales ocultas en diversas regiones del país.
Los resultados de estas acciones incluyen la destrucción de 429 bocaminas, la inhabilitación de 231 retroexcavadoras y cerca de 50 dragas, además de la incautación de vastas cantidades de herramientas, explosivos y maquinaria pesada.
Más allá del impacto material, cada operación representa un golpe directo a las finanzas de las mafias, disminuyendo su capacidad para adquirir armas y ejercer violencia contra la población. En los últimos 16 meses, se han decomisado más de 660 millones de dólares provenientes de esta actividad ilícita, dinero que se utilizaba para financiar una amplia gama de crímenes, incluyendo asesinatos, secuestros, tráfico de armas y drogas, así como la devastación ambiental y el financiamiento de organizaciones terroristas.
La lucha contra la minería ilegal también ha tenido un costo humano significativo para las fuerzas del orden. Más de 1.000 soldados se encuentran desplegados diariamente en esta confrontación. La nación lamentó la pérdida de once de sus miembros en Alto Punino, quienes sacrificaron sus vidas en combate contra aquellos que buscan imponer su voluntad a través del terror. Su valentía subraya la gravedad de la amenaza y la determinación del gobierno para enfrentarla.
Las operaciones se han dirigido principalmente contra organizaciones criminales identificadas como Los Lobos, Los Tiguerones, las disidencias de las FARC y otras mafias que operan en zonas estratégicas como Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Azuay y Zamora Chinchipe, donde la minería ilegal causa graves daños ecológicos y socava la seguridad. El objetivo primordial del gobierno es recuperar el control territorial y restablecer el estado de derecho en estas áreas, utilizando estrategias y recursos detallados.
El Estado considera esencial atacar la minería ilegal para lograr seguridad comunitaria, protección de recursos, debilitamiento del narcotráfico y reafirmación de la soberanía en zonas tomadas por el crimen organizado. Cada operación realizada se percibe como un paso hacia el desarrollo, la legalidad y la paz que la ciudadanía ecuatoriana anhela.
En un esfuerzo por reforzar la presencia militar en las zonas más afectadas, se han desplegado 1.500 nuevos efectivos en Alto Punino, bajo el liderazgo del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo.
La lucha contra la minería ilegal se mantiene como una prioridad gubernamental, con un compromiso inquebrantable con la defensa de la vida, el ambiente y la soberanía nacional. El Gobierno ha reiterado que esta batalla no cesará hasta alcanzar la victoria contra quienes amenazan el territorio y la paz de Ecuador.
