La asambleísta nacional Diana Jácome Silva presentó este martes una queja formal ante el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, contra el legislador Ronal González Valero, representante por Los Ríos y miembro del movimiento Revolución Ciudadana. La denuncia solicita al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que inicie el proceso correspondiente por una presunta falta administrativa muy grave, enmarcada en el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
En su escrito, Jácome expone que durante la sesión No. 004-AN-2025-2029 del pasado 26 de mayo, González irrumpió en el Salón del Pleno con un megáfono y profirió gritos ofensivos hacia otros legisladores. “¿Sí me escuchas, sinvergüenza?”, habría dicho en tono confrontativo, según detalla la queja. La legisladora calificó el acto como “deliberado, hostil y simbólicamente violento”.
“Fue una acción premeditada, destinada a provocar, intimidar y exhibir públicamente a otros legisladores. Esto en clara contravención con la ética y el decoro parlamentario”, escribió Jácome en el documento enviado al CAL.
La legisladora argumenta que el comportamiento de González “trasgrede los principios de respeto mutuo y dignidad institucional”, y constituye un incidente violento de carácter simbólico que afecta la imagen de la Asamblea ante la ciudadanía.
Fundamentos legales y petición de sanción
La denuncia se fundamenta en los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la LOFL, que tipifican como faltas muy graves:
- Provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en sesiones del Pleno;
- Expresarse con términos ofensivos o que inciten al odio durante las deliberaciones.
Jácome solicitó que el Consejo de Administración Legislativa califique la queja, inicie el procedimiento disciplinario y, de comprobarse la infracción, aplique las sanciones correspondientes. También pidió que el proceso sea tramitado con “celeridad y responsabilidad institucional”.
Pruebas y respaldo audiovisual
La denuncia incorpora links a videos en redes sociales que documentan el hecho, así como el pedido de que se incorpore como prueba el registro audiovisual interno de la Asamblea. La legisladora también solicitó que, de ser necesario, se tome testimonio a legisladores y personal presente durante el incidente.
“La Asamblea Nacional no puede convertirse en escenario de arrebatos emocionales ni en un circo mediático al servicio de intereses individuales”, advirtió Jácome, subrayando la importancia de establecer precedentes institucionales.
El caso ahora queda en manos del CAL, que deberá analizar la procedencia de la queja y decidir si inicia un proceso formal contra el legislador involucrado.
