Singapur ha intensificado su ya estricta lucha contra el uso y la venta de vapeadores, imponiendo penas drásticas que incluyen cárcel, azotes con vara y rehabilitación obligatoria para los infractores.
La nueva política, en vigor desde el 1 de septiembre de 2025, refuerza su postura de «tolerancia cero» frente a estos dispositivos.
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