domingo, 27 julio 2025
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Opositores denuncian ola de arrestos en Nicaragua

Imagen de unas patrullas policiales durante un operativo. Foto: El 19 Digital

Al menos 15 a 20 personas fueron detenidas en Nicaragua durante el fin de semana, en medio de una serie de redadas con presuntas motivaciones políticas. Entre los arrestados se encuentran exalcaldes, exmilitares y simpatizantes opositores, según denunciaron medios de comunicación en el exilio y organizaciones políticas.

Los hechos ocurrieron entre el sábado 18 y el domingo 19 de mayo en localidades del norte del país. Los portales informativos 100% Noticias, Confidencial y La Prensa, todos editados fuera de Nicaragua, reportaron que las detenciones se habrían ejecutado sin órdenes judiciales y en el contexto de una creciente represión por parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Entre los detenidos destacan:

  • Noel Moreno, exalcalde de San Sebastián de Yalí (Ciudadanos por la Libertad)
  • Óscar Gadea, exalcalde de Santa María de Pantasma (Ciudadanos por la Libertad)
  • Víctor Fornos, también exalcalde de San Sebastián de Yalí (Partido Liberal Constitucionalista)
  • Ronald Leiva Silva, exteniente coronel y exjefe de la Dirección de Información para la Defensa (DIP)

La organización política Ciudadanos por la Libertad, cuyo registro fue cancelado previamente por el régimen, exigió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) la liberación inmediata de sus exfuncionarios detenidos.

«Fueron secuestrados por la Policía al servicio del Sandinismo», denunció la agrupación.

Las detenciones se producen solo tres días después del arresto del general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, un antiguo aliado de Ortega.

Desde las protestas de 2018, el gobierno nicaragüense ha endurecido el control sobre la sociedad civil, medios de comunicación y oposición política. La represión posterior dejó más de 300 muertos, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Daniel Ortega, de 79 años, gobierna Nicaragua desde 2007, acompañado de su esposa Rosario Murillo, de 73, en calidad de vicepresidenta. Ambos son señalados por opositores de instaurar una «dictadura familiar» al concentrar el poder político y judicial en manos del Ejecutivo.