El Gobierno de Ecuador intensifica su ofensiva contra la impunidad que facilita la operación de mafias y estructuras criminales. El ministro del Interior, John Reimberg, y el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, anunciaron este jueves un frente común para investigar el origen patrimonial de jueces y fiscales que, según denuncian, han beneficiado a delincuentes peligrosos con medidas judiciales cuestionables.
“Durante años, muchos jueces y fiscales han actuado como una puerta giratoria para los delincuentes. La Policía ha tenido que capturar hasta diez veces al mismo criminal.
Eso se acabó”, afirmó el ministro Reimberg, quien solicitó a la UAFE examinar a profundidad la licitud de los fondos de operadores judiciales que liberan a asesinos, extorsionadores, narcotraficantes y secuestradores.
Según Reimberg, estas decisiones judiciales merman los recursos operativos del Estado y “afectan directamente la lucha contra las mafias que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha sostenido desde el inicio”.
Por su parte, José Julio Neira, titular de la UAFE, confirmó que su institución iniciará investigaciones financieras a profundidad.
“Durante años, abogados y funcionarios se han enriquecido a costa del crimen organizado. Han usado empresas fachadas, testaferros y redes de complicidad judicial para lavar dinero y mantener la impunidad”, declaró.
Neira advirtió que el sistema financiero del país no será más un escudo para el crimen. “La UAFE y el Ministerio del Interior trabajarán de forma estructural para trazar el flujo de dinero ilícito, identificar a sus actores clave y desmontar los esquemas de lavado que protegen a estas mafias desde dentro del Estado”.
Alianza institucional contra jueces y fiscales corruptos
Esta alianza, dijeron ambos funcionarios, se enmarca en una estrategia nacional para desmantelar las estructuras económicas del crimen organizado. Así como, para poner tras las rejas tanto a los líderes delincuenciales como a quienes, desde el poder judicial, han facilitado su expansión.
“El compromiso del Gobierno Nacional no es simbólico. Actuaremos con determinación para que los criminales estén donde deben estar: en la cárcel”, sentenció Reimberg.
