La audiencia de juicio del denominado caso Triple A, que investiga un presunto esquema de desvío y comercialización ilegal de combustible subsidiado, está prevista para instalarse este sábado 31 de enero de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito y continuar el domingo 1 de febrero.
El proceso penal involucra a 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien cumple medidas cautelares y porta un grillete electrónico en el marco de esta causa.
Según la Fiscalía y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), el caso indaga una red que habría desviado grandes volúmenes de combustible subsidiado para su comercialización ilegal en distintas provincias del país.
Juicio postergado en al menos 13 ocasiones
Desde el inicio del proceso, la instalación del juicio ha sido diferida en al menos 13 ocasiones, debido a múltiples acciones presentadas por las defensas de los procesados. Entre ellas constan cambios reiterados de abogados, presentación de certificados médicos, solicitudes de nulidad, pedidos de copias certificadas del expediente y otros incidentes planteados a pocos días —e incluso horas— de las audiencias convocadas.
Uno de los intentos más recientes para postergar la diligencia fue presentado por la empresa Fuelcorp, que solicitó la nulidad del tribunal, alegando supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces. Este pedido deberá ser resuelto antes de la instalación de la audiencia.
Adicionalmente, dos procesados cambiaron recientemente de defensa técnica y solicitaron tiempo para revisar el expediente. Para la ARCH, estas acciones forman parte de una estrategia dilatoria que ha impedido el avance del proceso judicial.
Ante este escenario, se ha dispuesto la presencia de defensores públicos de respaldo, previamente notificados y con conocimiento del expediente, con el objetivo de evitar nuevas suspensiones y garantizar el desarrollo del juicio.
ARCH asegura contar con pruebas contundentes
La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ratificó que cuenta con pruebas suficientes para sustentar la acusación durante la audiencia de juicio. Christian Puente, director ejecutivo encargado de la entidad, informó que se han reunido 185 elementos probatorios, entre pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Uno de los principales ejes de la investigación se concentra en la provincia de Manabí, donde los acusados deberán justificar el destino de aproximadamente 10 millones de galones de combustible naviero. De acuerdo con registros oficiales de la ARCH, en esta provincia existe un solo tanque de almacenamiento con capacidad para 250.000 galones, lo que deja más de 9,7 millones de galones sin una ubicación física registrada.
Otro hallazgo relevante se detectó en Zamora Chinchipe, una zona identificada como foco de minería ilegal. En esta provincia se registraron ventas de hasta 500.000 galones de combustible en una sola estación de servicio a vehículos sin placas, una práctica que, según la ARCH, constituye una grave infracción a la normativa hidrocarburífera vigente.
