La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron este viernes 4 de julio de 2025 varios allanamientos en las provincias de Guayas y El Oro, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada vinculada al desvío de diésel subsidiado. Las acciones judiciales se concentraron en oficinas y domicilios de accionistas y exaccionistas de la empresa Comercializadora Industrial Fragoneri.
“El objetivo era revender combustible subsidiado a consumidores no autorizados, generando una diferencia de precios que benefició directamente a los accionistas y causó un grave perjuicio económico al Estado”, detalló la Fiscalía a través de su cuenta oficial en X (@FiscaliaEcuador).
Según las investigaciones dirigidas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Fragoneri estaría constituida y operada por exfuncionarios de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), quienes, valiéndose de sus cargos y redes, utilizaron a familiares como testaferros para encubrir su participación en la compañía.
Como parte de las pesquisas, se indagan posibles vínculos con el Caso Triple A, en el que ya se investiga a 11 personas y una empresa, entre ellas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Denuncia a Fragoneri en 2024
En noviembre de 2024, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, había adelantado públicamente detalles sobre el caso:
“La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero presentó una denuncia contra Fragoneri, señalando que fue constituida por exfuncionarios de alto nivel que usaron a familiares como testaferros”, afirmó Neira.
El secretario señaló que entre los presuntos implicados estarían:
- César Emilio Bravo Ibáñez, exviceministro de Hidrocarburos y exdirector regional de Control de Hidrocarburos en Guayas.
- Su esposa, María Cecilia Matute Montesdeoca.
- Su suegra, María Carmelina Montesdeoca Sarmiento.
- Betsy Jeannet Silva Caicedo, esposa del también exfuncionario José Franco Magallanes.
- Teodora Flor Caicedo Caicedo, suegra de Magallanes.
“Quienes debían proteger los intereses del país terminaron integrando mafias para enriquecerse a costa de los recursos públicos”, sostuvo Neira.
La Fiscalía investiga además que Fragoneri reportó ventas a 53 consumidores finales de diésel, aunque solo 48 estaban registrados ante Petroecuador. Esto indicaría que al menos cinco compradores no estaban autorizados, lo que sugiere un posible desvío de combustible subsidiado.
La situación jurídica de los implicados se definirá en las próximas horas. La Fiscalía reiteró que continuará desmontando las estructuras que operan en el negocio ilegal de hidrocarburos, mientras que el Gobierno ratificó su compromiso con la lucha anticorrupción en el sector energético.
