La Asamblea Nacional aprobó este 17 de marzo de 2026, con 84 votos, una reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario que obliga a las personas privadas de libertad a realizar actividades laborales para cubrir sus necesidades durante el cumplimiento de sus penas.
La normativa introduce cambios clave en la gestión carcelaria del país, entre ellos la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria y la reclasificación de la peligrosidad de los internos, con el objetivo de mejorar el control y la seguridad dentro de los centros de privación de libertad.
El proyecto contó con el respaldo de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), mientras que el bloque de la Revolución Ciudadana (RC) anunció su rechazo antes del inicio del debate legislativo.
Además, la reforma contempla medidas para enfrentar el déficit de guías penitenciarios, incluyendo procesos de capacitación, evaluación, pruebas de confianza y rotación del personal, con el fin de fortalecer el cuerpo de seguridad y prevenir actos de corrupción.
El texto también autoriza el uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios en el ejercicio de sus funciones dentro de los centros carcelarios, como parte de las acciones orientadas a garantizar el orden y la seguridad.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan reforzar el sistema penitenciario ecuatoriano, mejorar las condiciones de control interno y proteger a los funcionarios que operan en las cárceles del país.
