Con 78 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió este martes recomendar la continuidad de las mesas de diálogo sectoriales organizadas por el Gobierno Nacional, con la participación de sectores sociales, económicos y productivos vinculados a los Decretos Ejecutivos N.º 125 y 126.
Además, el Legislativo exhortó a los órganos judiciales a tramitar con urgencia los procesos relacionados con el comercio ilícito de combustibles, una problemática que, según los legisladores, ha drenado recursos del Estado.
Redistribución de recursos e incentivos sociales
La decisión se adoptó tras conocer el Programa de Redistribución de Recursos y los incentivos sociales implementados como compensación a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio de venta al público quedó fijado en USD 2,80 por galón desde el 13 de septiembre de 2025.
Entre los mecanismos de apoyo constan:
- Compensaciones para transportistas.
- Bono Raíces y Bono de Desarrollo Humano.
- Construcción de zonas de descanso para transportistas.
- Crédito 7×7.
El legislador Esteban Torres, proponente del debate, recordó que los subsidios a los combustibles se aplican en Ecuador desde hace 51 años y que en la última década representaron un gasto de USD 33.000 millones. A su criterio, parte de esos recursos fueron “mal usados”, beneficiando actividades como la minería ilegal y el narcotráfico. Agregó que con la eliminación del subsidio el Estado dejará de gastar USD 1.640 millones hasta diciembre de 2026.
Posturas divididas en el Pleno
El asambleísta Mario Zambrano coincidió en que los incentivos permitirán redistribuir recursos hacia sectores productivos vulnerables.
En contraste, la legisladora Annie Muñoz calificó la medida como un “golpe duro a la producción ecuatoriana” y pidió reformularla para evitar mayor desigualdad.
Por su parte, Otto Vera destacó que en 2024 se destinaron USD 1.500 millones en subsidios, de los cuales cerca de 500 millones se perdieron por fuga, y propuso un subsidio focalizado.
Finalmente, Héctor Rodríguez advirtió que la eliminación de los subsidios generará un impacto del 20 % en la estructura de costos del sector productivo.
En total, 14 legisladores participaron en el debate, en el que se discutió la eliminación del subsidio al diésel, los incentivos sociales y los sectores beneficiarios de la redistribución de recursos.
