La minería ilegal se consolidó como la segunda mayor amenaza para el Estado ecuatoriano, y el Gobierno asegura haber ejecutado en 2025 el operativo más contundente contra estas mafias. Según cifras oficiales, la afectación económica supera ya los 2.000 millones de dólares, resultado de operaciones del Bloque de Seguridad que buscan asfixiar las finanzas criminales ligadas a este delito.
El impacto duplica ampliamente lo registrado en 2024, cuando los operativos sumaron más de 555 millones de dólares en perjuicio a las organizaciones ilegales. Este año, las Fuerzas Armadas han desmantelado 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas, infraestructura clave para la extracción ilícita de minerales y que alimentaba redes de lavado de activos y contrabando.
Uno de los puntos más críticos fue Buenos Aires (Imbabura), donde la intervención marcó un quiebre en el dominio territorial de las mafias. En Azuay, la operación en La Chonta representó uno de los reveses más fuertes contra los grupos del sur. Carchi registró el cierre de rutas y campamentos emergentes, mientras que en El Oro se desmantelaron redes que combinaban minería ilegal con contrabando fronterizo.
Las acciones también abarcaron Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo y Bolívar, zonas donde las organizaciones buscaban expandirse. Las autoridades aseguran que cada intervención representa territorio recuperado y fuentes de financiamiento criminal neutralizadas.
Los operativos están liderados por el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, junto al jefe del Comando Conjunto, general Henry Delgado Salvador, quienes mantienen un despliegue permanente en las provincias de mayor riesgo.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa sostiene que la estrategia no dará tregua: cortar los recursos económicos de las mafias es —dicen— fundamental para recuperar la seguridad y proteger el patrimonio natural del país.
