La Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en inmuebles vinculados a Luisa González y Andrés Arauz, excandidatos presidenciales del movimiento Revolución Ciudadana, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
El proceso, denominado caso “Caja Chica”, indaga un supuesto ingreso de recursos de origen ilícito provenientes de Venezuela que habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de 2023, en la que González y Arauz conformaron el binomio.
En coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público intervino tres viviendas en la provincia de Pichincha y una en Guayas, con el objetivo de recabar indicios relacionados con la causa. Las autoridades confirmaron que no se registraron detenciones durante los operativos.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos contempla penas de hasta 30 años de prisión para los autores y hasta 22 años para los colaboradores.
El expresidente Rafael Correa reaccionó públicamente al caso y aseguró que los allanamientos también alcanzaron a Andrés Arauz, al asambleísta Patricio C. y a Suad M.. A través de su cuenta en la red social X, Correa difundió la notificación emitida por la Fiscalía, en la que consta que él también figura entre los ocho investigados.
Además de Correa, González, Arauz, la investigación incluye a los exministros de Finanzas Fausto H. y Patricio R., así como Bibian H. El exmandatario cuestionó el proceso y señaló que la indagación se originó a partir de una denuncia reservada presentada en noviembre de 2025.
En paralelo, Luisa González enfrenta otro proceso de carácter electoral. Hasta el 18 de enero, ejerció la presidencia de Revolución Ciudadana y, durante la convención en la que transfirió el liderazgo a Gabriela Rivadeneira, fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un trámite por presuntas infracciones cometidas en la campaña de 2023.
La denuncia fue presentada en noviembre de 2025 por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por un supuesto incumplimiento al Código de la Democracia, relacionado con el financiamiento político y el gasto electoral. Esta infracción podría acarrear una multa de hasta 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos por un período de cuatro años.
