Este miércoles, 22 de enero del 2025, la Corte Nacional de Justicia reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), y otros 22 procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Purga. Tras analizar las pruebas, el juez nacional Javier de la Cadena resolvió llamar a juicio a 19 de los implicados, incluidos cuatro como autores directos y 15 como colaboradores del delito.
Entre los principales acusados se encuentra Muentes, quien fue llamado a juicio como autor directo y mantiene vigente una medida de prisión preventiva. La Fiscalía lo señala como uno de los líderes de la presunta estructura criminal, junto con la jueza Fabiola Gallardo, el exjuez Johann Marfetán y Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura en Guayas.
La Fiscalía presentó como pruebas llamadas telefónicas y 292 visitas al domicilio de Muentes en una exclusiva urbanización de la isla Mocolí realizadas por Gallardo, Marfetán y otros jueces. Incluso se destacó la asistencia de estos funcionarios a eventos personales, como la boda de la hija de Muentes, lo que, según el Ministerio Público, evidenciaría una relación estrecha con la red de corrupción.
El exjuez Johann Marfetán fue también llamado a juicio como líder del delito, señalado por la Fiscalía como «planificador» y «recaudador» de la estructura criminal. El Ministerio Público asegura que Marfetán gestionaba recursos económicos en beneficio del grupo a cambio de emitir fallos judiciales favorables. Su implicación fue corroborada, entre otras pruebas, por el testimonio de Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte de Guayas, quien, acogida a la cooperación eficaz, lo delató ante las autoridades.
Por su parte, Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, fue acusada de aprovecharse de su cargo para favorecer al grupo a través de resoluciones judiciales, suspensión de audiencias, traslados administrativos y otros actos en beneficio de la presunta red criminal.
El caso Purga continúa siendo investigado como una trama de corrupción judicial, donde los implicados habrían utilizado sus posiciones de poder para manipular procesos legales en beneficio de una estructura organizada.
