La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional resolvió continuar con la fiscalización de los contratos suscritos entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Progen. La decisión se ratificó luego de que la Comisión conociera el memorando oficial, remitido el 17 de junio por la Comisión de Garantías Constitucionales.
La presidenta de la Comisión, asambleísta Diana Jácome, respaldó la continuidad del proceso y recordó que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), una vez que una comisión ha sido oficialmente asignada a un proceso de fiscalización, ninguna otra puede intervenir sobre el mismo tema. Esta garantía está respaldada por el artículo 26, numeral 3, y busca evitar interferencias institucionales.
El proceso de fiscalización se fundamenta también en la resolución, del 22 de abril de 2025, en la cual el Consejo de Administración Legislativa (CAL) asignó a la Comisión de Participación Ciudadana la responsabilidad exclusiva de investigar el caso Progen.
Jácome subrayó que la comisión emprendió acciones concretas, como la solicitud de información, la recepción de documentación oficial y el seguimiento del caso dentro del marco legal vigente. “La ley es clara. Una vez que una comisión es oficialmente encargada de un proceso, ninguna otra puede intervenir sobre el mismo tema. No es una disputa de espacios, es una cuestión de legalidad y respeto institucional”, expresó.
Además, la comisión exhortó al respeto del principio de competencia exclusiva, como mecanismo para garantizar una fiscalización ordenada, transparente y libre de interferencias indebidas.
En la misma sesión legislativa, también se aprobó continuar con la fiscalización de contratos suscritos con la empresa Austral y se avanzó en el trámite del proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
