La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional continuó el proceso de investigación sobre la contratación emergente de energía con la empresa Progen Industries LLC, realizada en 2024 para enfrentar la crisis energética que afectó al país y que obligó a aplicar racionamientos de electricidad a escala nacional.
El viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Fabián Calero, explicó que en 2024 Ecuador enfrentó una sequía sin precedentes que redujo drásticamente los caudales de los embalses hidroeléctricos, afectando la capacidad de generación eléctrica.
Esta situación, sumada a un aumento del 10% en la demanda de energía, llevó al Operador Nacional de Energía (Cenace) a iniciar racionamientos desde el 15 de abril de ese año. Ante este escenario, el Gobierno activó mecanismos de contratación emergente y delegó a la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) la responsabilidad de incrementar la generación, tarea que recayó en las unidades de negocio Termopichincha y Electroguayas.
Durante su intervención, Byron Fernando Orozco, exgerente encargado de Termopichincha, detalló que los contratos emergentes para la generación en Salitral y Quevedo se realizaron de manera transparente, con estudios de mercado previos, procesos ágiles y evaluaciones técnicas objetivas. A pesar de la premura, Orozco aseguró que se protegieron los intereses de Celec EP mediante la aplicación de multas por incumplimientos y la posterior terminación unilateral de los contratos cuando fue necesario.
Adicionalmente, la Comisión aprobó por unanimidad la propuesta del asambleísta Jorge Chamba para abrir una nueva investigación sobre el contrato adjudicado a Progen para la repotenciación de la central termoeléctrica de Catamayo, en la provincia de Loja.
