Por primera vez en la historia del país, Ecuador ejecutó un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) en el ámbito minero, en cumplimiento con lo dictado por la Corte Provincial de Justicia de Azuay en 2023 y conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en el país desde hace más de dos décadas.
Este proceso pionero se llevó a cabo en la Comunidad de Escaleras, en Azuay, por orden judicial, como mecanismo de participación ciudadana en territorios con comunidades o nacionalidades indígenas ancestralmente reconocidas.
La CPLI se inició en junio de 2024 con la planificación del Ministerio de Energía y Minas, bajo la asistencia técnica de la OIT. A pesar de que la Ley de Consulta Previa aún se encuentra en debate en la Asamblea Nacional, la Cámara de Minería del Ecuador destacó el compromiso del Estado al aplicar este derecho fundamental, incluso sin legislación específica.
El abogado constitucionalista Emilio Suárez resaltó la importancia del proceso: “Se garantizó el ejercicio del derecho de la comunidad y se dio cumplimiento a los estándares constitucionales e internacionales”.
El proceso fue liderado por el Estado, con el acompañamiento técnico de la OIT y la verificación de la Defensoría del Pueblo, que reportó periódicamente el cumplimiento de la sentencia. El resultado fue categórico: por consenso, la comunidad consultada aprobó el cambio de fase del proyecto Loma Larga.
Este respaldo permitirá avanzar hacia la obtención de la licencia ambiental y dar paso a la construcción del proyecto, que prevé una inversión de más de 400 millones de dólares y la generación de más de 1.500 empleos.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó: “Este proceso demuestra que sí es posible cumplir con estándares internacionales en un proyecto minero y que el diálogo con las comunidades impulsa un desarrollo sostenible e inclusivo”.
En contraste con los efectos negativos de la minería ilegal, este proceso sienta un precedente para la minería responsable, legal y planificada que busca atraer inversión y fomentar el desarrollo territorial con respeto a los derechos humanos y ambientales.
