La noche del domingo 15 de marzo dejó una escena distinta en Guayaquil, agentes de la Policía Nacional realizaban controles por el toque de queda, en medio del operativo, encontraron a una mujer embarazada. La ciudadana caminaba hacia una casa de salud, ya estaba en labor de parto.
Los uniformados detectaron la urgencia durante la revisión. La mujer intentaba avanzar por sus propios medios. Al notar que se encontraba embarazada decidieron actuar rápidamente. La situación obligó a una respuesta inmediata. Los agentes suspendieron el procedimiento regular y priorizaron el traslado.
Traslado urgente hasta el Hospital Monte Sinaí
La Policía llevó a la mujer hasta el Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad. Allí fue recibida por personal médico. Hay que resaltar que la paciente embarazada llegó al hospital en una situación delicada. La atención quedó en manos del equipo de salud. La intervención evitó una demora mayor en un momento crítico.
El caso ocurrió durante la primera noche del nuevo toque de queda en cuatro provincias. La restricción rige en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. El horario va de 23:00 a 05:00. La medida se mantiene hasta las 05:00 del 31 de marzo de 2026.
🚨 Dar a luz en pleno toque de queda. 🤰
— El Noticiero (@elnoticierotc) March 16, 2026
Un control policial en Guayaquil terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo cuando agentes de la Policía Nacional auxiliaron a una mujer que caminaba apresurada en labor de parto durante el toque de queda. 🚔
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Qué sí permite el decreto durante la restricción
El decreto contempla excepciones para servicios esenciales. Entre ellos están el personal y los vehículos de salud. También incluye a los equipos de emergencia y gestión de riesgos. Por ejemplo, en un caso de una persona embarazada, está permitido el traslado y la atención médica. Por eso, una situación médica urgente sí puede recibir atención y movilización durante el horario restringido.
Las autoridades también recuerdan que incumplir el toque de queda puede derivar en sanciones penales. El marco legal contempla penas de uno a tres años de prisión por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.












