Mayra Salazar se ha convertido en la novena persona sentenciada en el marco del caso Metástasis tras aceptar su responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Fue sentenciada a 15 meses de prisión preventiva, la tarde de este miércoles 24 de julio de 2024.
Según informó la Fiscalía, la procesada firmó un acuerdo de cooperación eficaz y se sometió a un procedimiento abreviado, conforme a las reglas establecidas en los artículos 635 y 636 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Durante la audiencia desarrollada hoy en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó de manera telemática treinta y nueve elementos de convicción que acreditaron la autoría directa de Mayra Salazar en el delito de delincuencia organizada, vinculado a una trama de corrupción en el Sistema de Justicia.
El juez acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó una sentencia de quince meses de privación de libertad, debido a que la acusada aceptó voluntariamente concluir anticipadamente el proceso, reconociendo su autoría en los hechos ilícitos. Además, firmó un acuerdo de cooperación eficaz, proporcionando información precisa y verificable que ayudó al esclarecimiento de los hechos y a la apertura de al menos una causa más relacionada con actos de corrupción en el Sistema de Justicia.
Parte de la sentencia incluye el pago de una multa de doce salarios básicos unificados (5.520 dólares) y una reparación integral de 11.040 dólares. Asimismo, la acusada deberá devolver 6.300 dólares, monto recibido en sus cuentas.
En cuanto a la reparación inmaterial, Mayra Salazar deberá publicar y difundir la resolución en un medio de comunicación de alcance nacional durante tres días consecutivos. Además, deberá emitir disculpas públicas ante el Juez de ejecución en la fecha y hora que se señale.
Durante la audiencia, la Fiscal General del Estado explicó que, como parte de esta organización delictiva, Mayra Salazar operó desde la Corte Provincial de Justicia de Guayas entre mayo y octubre de 2022, sin ser funcionaria judicial. La acusada mantenía contacto directo con Leandro Norero (+), recibiendo instrucciones para crear escenarios favorables a sus intereses de impunidad.
Aprovechando su cercanía con jueces, Salazar ofrecía dinero o dádivas a cambio de fallos favorables para Leandro Norero o sus familiares, procesados por lavado de activos, según detalló la Fiscalía.
