La Contraloría General del Estado identificó un perjuicio económico de aproximadamente USD 8.9 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) debido a irregularidades en la contratación de un servicio de asesoría legal y patrocinio.
El informe, aprobado el 30 de diciembre de 2024, señala que el contratista no cumplió con la entrega de los productos estipulados en el contrato. Además, en uno de los casos analizados, no presentó la documentación que respalde las gestiones realizadas ante entidades como la Superintendencia de Compañías, el Banco Central del Ecuador y la Procuraduría General del Estado.
Estas gestiones eran fundamentales para la reasignación de cuentas y la corrección del registro contable de títulos valores relacionados con Bonos del Estado de Deuda Pública Interna emitidos a favor del ISSPOL.
La auditoría abarcó el período entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024, y analizó la contratación del servicio de asesoría para la recuperación de valores invertidos y representación judicial del ISSPOL. Según el informe, el incumplimiento del proveedor y la falta de documentación adecuada resultaron en el pago irregular de los honorarios, afectando los recursos públicos.
