La Contraloría General del Estado aprobó el informe de auditoría, en el que se identifican indicios de responsabilidad penal y se sugieren responsabilidades civiles por USD 2,5 millones y administrativas por casi USD 80.000 en la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ). El examen analizó la adquisición de trolebuses eléctricos y el acuerdo firmado con UNOPS dentro del proyecto “Movilidad Sostenible”, durante el periodo del 1 de agosto de 2022 al 30 de abril de 2025.
Según el informe, la compra de los trolebuses articulados 100% eléctricos no respetó las recomendaciones del SERCOP ni las condiciones del proyecto de inversión, además de omitir los procedimientos obligatorios de contratación pública. La EPMTPQ optó por realizar la adquisición a través de UNOPS sin llevar a cabo una subasta inversa, pese a tratarse de bienes normalizados.
El documento detalla que el entonces alcalde suscribió un memorando con UNOPS sin coordinación previa, y que el gerente de la EPMTPQ invitó directamente a la organización a presentar una propuesta y firmó un “Memorándum de Acuerdo” sin considerar lo estipulado en el proyecto. El Directorio, pese a conocer que la compra se realizaría vía UNOPS, tampoco solicitó informes técnicos ni verificó el cumplimiento del plan operativo.
La auditoría también determinó falta de documentación en las mesas técnicas que definieron los costos y condiciones del proyecto, lo que derivó en un perjuicio de USD 2’552.307,83 por pagos realizados a UNOPS sin cumplir la normativa de contratación pública.
Otro hallazgo señala que los trolebuses eléctricos entregados no cumplían 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato. Aun así, fueron aprobados por el personal técnico y por la comisión de entrega–recepción, sin análisis que justificara las irregularidades. Esto compromete la seguridad física de los usuarios, advirtió la Contraloría.
Con base en estos hallazgos, el organismo de control estableció responsabilidades civiles por USD 2,5 millones, administrativas por USD 79.970 y determinó indicios de responsabilidad penal, que serán remitidos a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.
