La Corte Constitucional emitió un dictamen el pasado 21 de noviembre de 2024, que fue dado a conocer este martes, 17 de diciembre, en el cual se declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica en las decisiones judiciales que favorecieron a los hermanos Roberto y William Isaías.
El fallo responde a una acción de protección presentada por la Procuraduría General del Estado, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio del Ambiente y otras dos entidades públicas, quienes impugnaron las sentencias de primera y segunda instancia que ordenaron la restitución de al menos 65 bienes a los hermanos Isaías.
La Corte determinó que el juez de la Niñez y la Familia de Guayaquil, junto con dos jueces de la Corte Provincial del Guayas, vulneraron principios jurídicos fundamentales al ordenar la devolución de las propiedades. Sin embargo, las decisiones judiciales que permitieron dicha restitución quedan sin efecto, y el Estado ecuatoriano no deberá devolver los bienes incautados ni pagar compensaciones económicas a los hermanos Isaías.
La resolución de la Corte también dispone que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado para investigar a los jueces involucrados por presunto prevaricato, delito que se configura cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley.
Este fallo representa un giro clave en el caso Isaías, que lleva años siendo motivo de controversia en el país.
