El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió presentar una acusación particular dentro del proceso penal abierto por la Fiscalía General del Estado en el caso denominado ‘Ligados’.
La causa, identificada con el número 17721-2025-00031G, involucra a tres exconsejeros y una consejera en funciones.
La decisión fue adoptada en la Sesión Ordinaria Nro. 10 del Pleno del CPCCS, considerando la gravedad institucional del caso. La resolución fue aprobada por los consejeros Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto, Gonzalo Albán y el presidente Andrés Fantoni Baldeón.
Según el informe jurídico conocido por el Pleno, los elementos de convicción presentados por la Fiscalía generan una presunción de afectación a la composición del CPCCS, impactando su facultad de designar autoridades conforme al ordenamiento jurídico vigente en el país.
El presidente Fantoni destacó que durante la audiencia de formulación de cargos, hubo un reconocimiento implícito al CPCCS como víctima institucional. Por ello, afirmó que la acusación particular busca “defender la legalidad de las actuaciones del Consejo y su potestad de designar autoridades de forma transparente conforme la Constitución.”
Este proceso judicial involucra a los exconsejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, conocidos como la ‘Liga Azul’, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz.
El caso se originó luego de que el 22 de enero de 2025 el Pleno del CPCCS resolviera que Raúl González asumiera la Superintendencia de Bancos, pese a que Roberto Romero von Buchwald ya había sido designado como titular desde diciembre de 2024.
Romero von Buchwald denunció a los mencionados funcionarios por presunta arrogación de funciones e incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
La investigación incluyó un allanamiento a las instalaciones del CPCCS, donde se retuvieron dispositivos electrónicos con información clave, posteriormente difundida por la Fiscalía General.
