La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este jueves 26 de marzo de 2026 un paquete de reformas penales que incluye la aplicación de cadena perpetua a menores de edad involucrados en delitos graves.
La medida se concreta luego de la ratificación de una reforma constitucional que habilita esta sanción para casos de homicidio, violación y terrorismo, iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele.
La reforma a la Ley Penal Juvenil establece, en su artículo 8, que los menores que cometan delitos podrán ser sancionados con prisión perpetua. Además, el artículo 15 determina que, en estos casos, la pena será revisada conforme a lo dispuesto en el Código Penal, garantizando evaluaciones periódicas.
El oficialismo sostiene que la normativa mantiene compatibilidad con estándares internacionales de derechos de la niñez, al incluir mecanismos de revisión obligatoria de la condena.
El paquete de reformas fue aprobado con 57 votos de los 60 diputados que integran el Parlamento, todos pertenecientes a Nuevas Ideas y sus aliados.
El partido opositor VAMOS votó en contra, mientras que la Alianza Republicana Nacionalista se abstuvo.
Durante la misma sesión, el Legislativo también modificó el Código Procesal Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de armonizarlas con la nueva redacción constitucional.
La enmienda establece que la prisión perpetua será aplicable exclusivamente a homicidas, violadores y terroristas, y prohíbe expresamente penas por deudas, castigos infamantes o cualquier tipo de tormento.
La reforma constitucional entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Esta decisión se produce apenas una semana después de la aprobación inicial, en el marco de cambios que permiten reformas constitucionales en una misma legislatura.
Con esta medida, el gobierno salvadoreño endurece aún más su política de seguridad, en medio de un debate regional e internacional sobre los límites de las penas y los derechos de los menores de edad.
