D. A. G. C., exdirector general del Consejo de la Judicatura (CJ) y testigo protegido, fue sentenciado como autor directo del delito de asociación ilícita en una audiencia de procedimiento abreviado.
El juez dictó una pena privativa de libertad de seis meses, reducida por su cooperación, tras admitir su participación en los hechos investigados por la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de 4.700 dólares, otros 4.700 dólares como reparación integral y 35.877,60 dólares correspondientes a la división del monto determinado en una pericia del caso.
Como parte de la reparación inmaterial, el fallo ordena la publicación de la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura y en un medio de comunicación, así como la presentación de disculpas públicas ante el juez de ejecución y la colocación de una placa en la institución.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 55 elementos de convicción generales y 45 individuales que demostraron la participación del sentenciado en la estructura delictiva.
Pese a la oposición del fiscal, Wilson Toainga, el juez aceptó la solicitud de suspensión condicional de la pena presentada por la defensa de D. A. G. C.
Trama de corrupción
D. A. G. C. participó –principalmente– en la emisión de una resolución que permitió llevar a cabo un segundo examen de confianza, pese a que no estaba contemplado en el reglamento del Concurso para la Selección y Designación de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia de 2023. Este acto posibilitó que postulantes que no alcanzaron el puntaje en el primer examen, establecido en el cronograma, fueran considerados idóneos.
Esta acción contribuyó a cumplir tres objetivos clave del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman T.: garantizar que la procesada Anabel T. gane el concurso, colocar a la mayor cantidad posible de jueces y conjueces nacionales afines a él, y pagar ciertos favores políticos.
