En lo que va del 2025, el Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ha decomisado 1.022.457 galones de combustible, generando una afectación económica de 21,5 millones de dólares a las mafias. Esta cifra representa un incremento del 78,9% en galones decomisados y del 62,1% en pérdidas económicas en comparación con 2024, cuando se incautaron 571.337 galones con un impacto de 13,3 millones de dólares.
Del total decomisado este año, 696.136 galones corresponden a gasolinas, 113.255 a gasolina blanca, 116.783 a diésel y 96.284 a otros derivados. El diésel se posiciona como el segundo tipo de combustible más incautado, reflejando su importancia en actividades ilegales, especialmente en la minería que depende de este recurso para operar maquinaria pesada.
Además, se han destruido 1.095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales y 28 pistas clandestinas, afectando directamente la extracción y transporte ilícito de combustible.
Las operaciones han identificado a los principales responsables: Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters (Esmeraldas), grupos que utilizan el combustible para sostener actividades ilegales, incluyendo minería y financiamiento de crimen organizado.
Los poliductos más vulnerables han sido los tramos Libertad–Manta, Libertad–Pascuales, Pascuales–Cuenca y Santo Domingo–Esmeraldas. Tras intensos controles en las tres primeras zonas, las mafias han desplazado sus acciones hacia Santo Domingo–Esmeraldas, que ha registrado un incremento de perforaciones clandestinas en el último semestre. Solo durante el fin de semana, el Ejército decomisó cerca de 7.000 galones en Shushufindi y en la ruta La Libertad–Pascuales.
Para reforzar la seguridad, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desarrolla un proyecto de automatización y sistematización de mando y control, que permitirá vigilar los poliductos en tiempo real y detectar perforaciones desde el momento en que ocurren.
A esta estrategia se suma la eliminación del subsidio al diésel, medida que dificulta el acceso de las mafias a combustible barato, reduciendo su capacidad operativa y afectando directamente a la minería ilegal y otras redes criminales.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa y el Ministerio de Defensa Nacional, liderado por el ministro Gian Carlo Loffredo, han definido una política clara: asfixiar financieramente a las mafias, cortar las rutas de contrabando y recuperar el control del territorio nacional.
