Ecuador intensificó su lucha contra la minería ilegal y este año logró afectar a las economías criminales por un valor superior a 633 millones de dólares, según informó el Ministerio de Defensa Nacional. La cifra representa un incremento del 13,6% respecto al 2024, cuando las pérdidas ocasionadas a las mafias mineras alcanzaron los USD 557 millones.
De acuerdo con el balance oficial, entre enero y agosto de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutaron más de 233 mil operaciones militares en todo el país, de las cuales 20.915 estuvieron enfocadas en combatir la minería ilegal, casi mil más que las realizadas en 2024.
Incautaciones y destrucción de maquinaria
Las operaciones dejaron como resultado la destrucción de 405 bocaminas e incautaciones de 239 retroexcavadoras, 31 dragas y 86.917 explosivos, además de otros equipos empleados por organizaciones delictivas. Estas acciones no solo afectan a las mafias en lo económico, sino que también limitan su capacidad para financiar delitos como asesinatos, tráfico de armas, drogas, extorsiones y actos terroristas.
Control en zonas críticas
El Bloque de Seguridad ha desplegado operativos en puntos estratégicos como Buenos Aires (Imbabura) y Alto Punino (Orellana), zonas que estaban dominadas por el crimen organizado y donde la minería ilegal fue desarticulada en un 100%. Solo en las fronteras norte y sur se realizaron 15.310 operaciones, mientras que en Alto Punino se ejecutaron 676 y en Buenos Aires 359.
El Ministerio de Defensa anunció además un Plan de Fortalecimiento del Control Fronterizo para mantener la presión sobre las economías ilícitas y evitar la reactivación de estas actividades.
Riesgos y enemigos identificados
Las operaciones militares han tenido como principales blancos a organizaciones criminales como Los Lobos, Los Tiguerones y disidencias de las FARC, que además de destruir ecosistemas, buscan controlar territorios estratégicos del país.
Los soldados ecuatorianos, según el reporte, enfrentan riesgos diarios en estas zonas de alta conflictividad, reflejando —según el Gobierno— la prioridad de recuperar la seguridad y garantizar paz en las comunidades afectadas.
Una lucha más allá del ambiente
El Gobierno recordó que la minería ilegal no solo es un crimen ambiental, sino que también implica explotación laboral, evasión de impuestos, lavado de dinero, violencia y financiamiento al terrorismo.
“Combatirla significa cortar el flujo de dinero sucio que alimenta a las bandas criminales y devolver la tranquilidad a comunidades que han vivido bajo amenaza”, señaló el Ministerio de Defensa en su comunicado oficial.
