El Gobierno Nacional expresó su preocupación ante la reciente decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente la aplicación de la Ley Antipillos, una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, esta medida judicial responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional, generando una pausa en un instrumento fundamental para garantizar la seguridad ciudadana.
Desde el Ejecutivo se señala que esta problemática tiene raíces en procedimientos legislativos irregulares llevados a cabo por la Asamblea Nacional. Según el Gobierno, dichos procedimientos vulneraron disposiciones constitucionales y normativas, obligando al Ejecutivo a corregir un proceso que, desde un inicio, debió haberse realizado conforme al marco constitucional establecido.
El Gobierno anunció que presentará ante la Corte Constitucional los argumentos necesarios para que este caso sea evaluado con imparcialidad, en estricto respeto a la independencia de funciones. Asimismo, hizo un llamado enfático al alto tribunal para que considere la trascendencia de la Ley Antipillos y su impacto en la seguridad de los ciudadanos, priorizando la defensa de la Constitución y la legalidad.
