En una contundente reestructuración del Ejecutivo, el Gobierno ecuatoriano anunció oficialmente la implementación del Plan de Eficiencia Administrativa del Estado, que contempla una reducción del 41 % en el número de ministerios y secretarías, así como la salida de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos.
La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, presentó este jueves, 24 de julio de 2025, los lineamientos generales del plan, que busca “modernizar el Estado ecuatoriano” mediante tres ejes fundamentales: evaluación permanente de los servidores públicos, apertura de oportunidades laborales para jóvenes, y reorganización de la estructura administrativa.
“Pasamos de tener 20 ministerios a 14, y de 9 secretarías a solo 3. Esto representa una reducción del 41 % en el número de carteras de Estado que conforman el poder ejecutivo del Gobierno ecuatoriano”, precisó Jaramillo en su declaración pública.
Fusión de ministerios y secretarías
Entre las fusiones anunciadas se encuentran:
- El Ministerio de Vivienda se integra al de Transporte y Obras Públicas.
- Cultura, Patrimonio y Deporte se fusionan al Ministerio de Educación.
- El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se incorpora al Ministerio de Gobierno.
- El Ministerio del Ambiente pasa a formar parte del Ministerio de Energía y Minas.
- La Secretaría de Educación Superior se integra también al Ministerio de Educación.
- La Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se une al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
- El Ministerio de Turismo se fusiona con Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
Además, el SNAI (Sistema Penitenciario) y el ECU-911 pasarán a estar bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
“No se trata solo de reducir tamaño, sino de hacer más ágil y eficiente al Estado. Estas decisiones nos permiten concentrar recursos en servicios prioritarios y eliminar duplicidades institucionales”, afirmó la vocera.
Salida progresiva de 5.000 funcionarios
Jaramillo confirmó también que este mismo día comenzó el proceso de desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, una medida que responde a criterios de eficiencia institucional y optimización de recursos.
“Este proceso no es arbitrario ni improvisado. Está guiado por principios técnicos y busca asegurar un funcionamiento estatal más eficaz, menos costoso y mejor orientado al servicio ciudadano”, señaló.
Una reestructuración con impacto político y fiscal
La reorganización forma parte de los objetivos estratégicos del presidente Daniel Noboa, quien busca reducir el tamaño del aparato estatal como medida para enfrentar el déficit fiscal, mejorar la ejecución pública y generar confianza tanto en los ciudadanos como en la comunidad internacional.
El anuncio marca uno de los ajustes más profundos en la administración pública de los últimos años, y plantea un nuevo enfoque de gobernanza basado en eficiencia, control institucional y responsabilidad fiscal.
