El Gobierno dispuso la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo y la restricción de operaciones en las plantas de beneficio de El Oro y Loja, como parte de una acción urgente para frenar la minería ilegal y proteger los ecosistemas y fuentes hídricas del país.
La resolución fue emitida este 2 de febrero por el Ministerio de Ambiente, Agua y Energía, tras informes técnicos que evidencian graves afectaciones ambientales, especialmente en la Amazonía y el sur del Ecuador, provocadas por la extracción ilícita de minerales.
Como parte de la medida, se ordenó que la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) inicie de forma inmediata el monitoreo de la calidad del agua en los cuerpos hídricos de Napo, El Oro y Loja, con énfasis en zonas de alto riesgo ambiental.
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, alertó sobre la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones superiores a los límites permitidos en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca Puyango–Tumbes.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, bosques y comunidades. No vamos a permitir que estas actividades sigan destruyendo el patrimonio natural del país”, afirmó.
La resolución también dispone el inicio inmediato de controles, inspecciones y procesos sancionatorios, en coordinación con la ARCOM y con el apoyo de la fuerza pública, para suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado, y evitar nuevos daños ambientales.
Además, las Direcciones Zonales 7, 8 y 10 ejecutarán procedimientos administrativos contra operadores mineros que incumplan la normativa ambiental y de recursos hídricos vigente.
Finalmente, el Gobierno ratificó su compromiso de combatir de forma permanente la extracción ilícita de minerales, fortalecer la vigilancia ambiental y priorizar la protección de la naturaleza, el agua y las comunidades afectadas.
