La eliminación del subsidio al diésel y la redistribución de recursos hacia áreas como asistencia social, agricultura y transporte ha generado un impacto directo en actividades ilícitas en Imbabura, especialmente en minería ilegal, narcotráfico y contrabando.
Según cifras del Gobierno Nacional, el consumo de diésel en la provincia cayó un 25,1% tras la medida implementada por el presidente Daniel Noboa mediante Decreto Ejecutivo. Los envíos semanales pasaron de 1.347.442 a 1.092.749 galones, mientras que los promedios diarios disminuyeron de 112.287 a 84.058 galones.
Datos oficiales muestran que, anteriormente, el consumo en Imbabura superaba sistemáticamente los cupos autorizados por estación de servicio, que estaban fijados en 1,74 millones de galones, llegando en la práctica a 1,91 millones.
El Gobierno aclaró que sectores como transporte, agricultura e industria, que dependen del diésel, no han visto afectado su abastecimiento. En cambio, el combustible subsidiado se destinaba a actividades ilícitas, y con el nuevo esquema de precios, el margen de ganancia de estas redes se ha reducido al acercarse el precio al de Colombia, limitando el contrabando transfronterizo.
Localidades como Buenos Aires, Alto Tambo, Chical, El Cielito y El Pablo, conocidas por la minería ilegal, han sentido directamente el efecto de la medida. Según el Ejecutivo, estas restricciones impiden que las organizaciones delictivas operen equipos pesados, sistemas hidráulicos y generadores eléctricos, reduciendo significativamente su capacidad de acción.
