Este miércoles 14 de mayo de 2025, el gobierno de Argentina anunció nuevas restricciones migratorias que endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, además de imponer condiciones para acceder a servicios públicos como salud y educación.
Las medidas fueron presentadas por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien informó que los cambios se implementarán a través de un decreto presidencial y entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el boletín oficial.
Entre las principales disposiciones, se establece que los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud, y que quienes ingresen al país deberán contar con un seguro médico que respalde su capacidad de pago. “A partir de ahora, los inmigrantes deberán cumplir con estos requisitos si desean ingresar o permanecer en Argentina”, afirmó Adorni durante su intervención desde la Casa Rosada.
Asimismo, se endurecerán los criterios para obtener la residencia y la nacionalidad argentina. Solo podrán acceder quienes hayan residido de forma continua por al menos dos años sin abandonar el país.
En materia educativa, el gobierno anunció que las universidades nacionales estarán habilitadas para cobrar sus servicios a estudiantes extranjeros, siempre y cuando así lo decidan, respetando la autonomía institucional. Actualmente, en la práctica, esto ya ocurre con los estudiantes no residentes en varias casas de estudio. Según cifras oficiales de 2022, los extranjeros representan el 4,1% de la matrícula universitaria en Argentina.
Otra medida destacada es la aceleración de los procesos de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. El gobierno reducirá los tiempos legales para la apelación en estos casos, argumentando que los procedimientos actuales “resultan eternos”.
Estas disposiciones habían sido anticipadas en diciembre pasado por el presidente Javier Milei, quien ha defendido una política migratoria más restrictiva como parte de su agenda ultraliberal. En contraste, algunas provincias como Buenos Aires —la más poblada del país— ya han manifestado que mantendrán la gratuidad de la atención sanitaria para extranjeros, reafirmando su autonomía en esta materia.
Otras jurisdicciones como Jujuy, Salta y Mendoza, que limitan con Bolivia y Chile, ya han implementado cobros por servicios médicos para personas no residentes en años anteriores.
