El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, expuso, en una reciente entrevista, más detalles sobre sus políticas migratorias, destacando su intención de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, conocida como jus soli. Este derecho, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, otorga automáticamente la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
¿Qué es la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento, definida en la 14ª Enmienda, garantiza que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son automáticamente ciudadanos, indica el texto constitucional.
La ciudadanía por nacimiento se diferencia del jus sanguinis —o por “derecho de sangre”—, que otorga la ciudadanía en función de la ciudadanía de uno o más padres.
En los sistemas de derecho civil, como son los de la mayoría de naciones europeas, el principio dominante es el de jus sanguinis, el “derecho de sangre”. Sin embargo, muchos países también adoptan una combinación de jus soli y jus sanguinis, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.
¿Es posible eliminar este derecho?
Modificar la ciudadanía por nacimiento no es una decisión que un presidente pueda tomar unilateralmente. Según la Constitución, realizar un cambio de esta magnitud requiere una reforma constitucional. Este proceso es complejo y demandaría el apoyo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso o la convocatoria de una Convención Constitucional por parte de las legislaturas estatales.
Expertos como Óscar Chacón y Elizabeth Uribe coinciden en que revocar el jus soli es un desafío legalmente casi imposible. “Modificar un derecho constitucional requiere un consenso político extraordinario que difícilmente se alcanza”, aseguró Uribe.
La intención de Trump de revocar la ciudadanía por nacimiento genera debates sobre los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las posibles consecuencias sociales y políticas. Esta propuesta, si bien difícil de implementar, refleja un enfoque migratorio restrictivo que podría marcar su segundo mandato y enfrentar desafíos legales y legislativos significativos.
Por ahora, el jus soli permanece como un pilar de la ciudadanía estadounidense, protegido por la Constitución y respaldado por más de un siglo de jurisprudencia.
