Lo sucedido el pasado martes en una oficina de call center de Madrid capital todavía siembra un desconcierto generalizado. En torno a las 12:30 de la tarde, en una de las sucursales de la multinacional Konecta, la trabajadora Inma de 57 años se desplomó tras sufrir un infarto en su puesto de trabajo.
Las primeras noticias del fin de semana sugieren que la empresa obligó a los trabajadores a seguir pegados al teléfono, respondiendo llamadas, mientras el cadáver de su compañera yacía en el suelo.
Al conocer el suceso, el Samur desplazó seis vehículos que llegaron entre las 12:43 y las 12:50 horas, pero los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte de Inma. Su cadáver permanecía en el suelo, custodiado por los policías. Según relata El País, los trabajadores de los puestos adyacentes al de Inma se levantaron, pero el resto tuvo diferentes reacciones.
Unos no sabían qué hacer, otros siguieron trabajando sin levantar la vista del escritorio, debido al trabajo automatizado de los teleoperadores. Según trabajadores del sindicato CGT citados por El País, un compañero de Inma pidió irse a casa, pero recibió la orden de seguir porque su trabajo es “un servicio esencial”.
Más tarde, sobre las 14:00 horas, la responsable de prevención de riesgos laborales de Konecta llegó al lugar y pidió a todos los empleados que evacuaran ordenadamente. A las 15:10, llegó a la oficina Miguel Ángel Salinas, delegado de prevención de riesgos laborales de CGT, y encontró allí a cuatro trabajadores que todavía estaban en sus puestos: “Me encontré el cadáver ya cubierto. Jamás en mi vida había visto un cuerpo de esa manera”. Aunque las primeras informaciones aseguraban que Konecta obligó a sus trabajadores a seguir en sus escritorios, fuentes consultadas por El País han calificado como “mentira” esas afirmaciones porque “sugiere una crueldad que ellos no experimentaron”.
En definitiva, hay varias versiones de lo sucedido tras el infarto de Inma. Solo unos pocos teleoperadores recibieron la orden de seguir trabajando, otros se marcharon indispuestos y otros tantos siguieron trabajando por “inercia”, dado el trabajo “deshumanizado” de los trabajadores del call center, según CGT.
La asociación Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía Superior de Madrid que abra una investigación a Konecta En un comunicado, la asociación presidida por Carmen Flores trasladada a la fiscal superior de Madrid, María Pilar Rodríguez, los hechos sucedidos en las instalaciones de Grupo Konecta BTO ubicadas en la calle San Romualdo, en San Blas-Canillejas. Según el Defensor del Paciente, Konecta obligó al resto de trabajadores a seguir en sus puestos “como si de robots en lugar de personas se tratara”.
