El arzobispo de la ciudad de Burgos, en España, pidió a diez monjas excomulgadas, y en abierta rebelión contra el Vaticano, que abandonen su convento. Así lo informaron las autoridades religiosas este lunes 24 de junio de 2024.
«Tras la excomunión y expulsión de la vida consagrada, las diez religiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias, por lo tanto, deben abandonarlos», declaró monseñor Mario Iceta en una conferencia de prensa en Burgos, dos días después de la excomunión oficial de las monjas.
«De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales correspondientes», advirtió el arzobispo, sin dar un plazo específico a las monjas, según recoge la agencia AFP.
Y añadieron: «No hemos establecido un plazo, queremos actuar de manera prudente y respetuosa. Esperamos que ellas comprendan que, al no ser ya religiosas, no pertenecen a los monasterios y no deben estar allí«.
Las diez hermanas residen en el convento de Santa Clara, en el pueblo de Belorado, un recinto del siglo XV en una localidad de 1.800 habitantes a 50 kilómetros de Burgos. Ellas decidieron a mediados de mayo abandonar la Iglesia y ponerse bajo la autoridad de un sacerdote excomulgado, Pablo de Rojas Sánchez-Franco.
El conflicto estalló en un contexto de disputas por la propiedad y acusaciones de pertenencia a una secta. Pablo de Rojas Sánchez-Franco, fundador de la «Pía Unión de San Pablo Apóstol» y expulsado de la Iglesia católica en 2019, afirma pertenecer al «sedevacantismo«, un movimiento que considera herejes a todos los papas posteriores a Pío XII (1939-1958). Según el arzobispo de Burgos, él y otra persona no identificada han estado en el convento alrededor de un mes.
La anulación de la compra de un convento en el País Vasco fue el detonante del conflicto. En 2020, las monjas acordaron con el obispado de Vitoria comprar el convento de Orduña, pero la venta fue bloqueada desde Roma. Las religiosas afirman que son perseguidas por su jerarquía.
A principios de junio, el arzobispo de Burgos, siguiendo instrucciones del Vaticano, envió a varios representantes, acompañados de un agente judicial, para exigir sin éxito, la entrega de las llaves del convento.
