La policía española anunció este lunes la detención de los propietarios y dos trabajadores de una funeraria de Valencia (este) que vendían ilegalmente cadáveres -generalmente de personas sin familia- a universidades por 1.200 euros cada uno (casi 1.300 dólares).
Además, los cuatro sospechosos detenidos -españoles y varones- ayudaban a las universidades a deshacerse de los cadáveres ya estudiados, incinerándolos o repartiendo sus restos desmembrados en ataúdes de otras personas que iban a ser incineradas regularmente.
Los sospechosos «falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver», explicó la Policía Nacional en un comunicado.
Como mínimo, los sospechosos traficaron con once cadáveres, según se desprende del comunicado policial.
«Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad», añade el comunicado.
Las pesquisas empezaron a principios de 2023, cuando los investigadores comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio, en vez de darle sepultura.
El fallecido tenía que ser enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento, pero fue vendido para ser estudiado sin que nadie lo consintiera.
Los sospechosos «buscaban fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros», añadió el comunicado.
En otro caso, los implicados consiguieron permiso de un anciano con las capacidades mermadas para donar su cuerpo a la ciencia.
«Además dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra» que «pagaba más dinero por el mismo».
Los implicados son sospechosos de un presunto delito de estafa y falsedad documental.
