El gobierno del presidente Javier Milei autorizó este miércoles a civiles registrados como «legítimos usuarios» a adquirir y poseer armas semiautomáticas y de asalto, una medida que revierte una prohibición vigente desde 1995 y que ya genera controversia entre especialistas y organizaciones civiles.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, los civiles podrán acceder a “armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22”, siempre que acrediten un uso con fines deportivos.
La disposición deroga una normativa que desde hace 30 años restringía ese tipo de armamento al ámbito militar y daba competencias de control a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Críticas y advertencias
Especialistas y defensores del desarme cuestionaron la decisión. Julián Alfie, abogado y director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), advirtió que la medida es temeraria y podría derivar en un aumento del desvío de armas al crimen organizado. «Hay ligereza del gobierno que minimiza las consecuencias de estas decisiones», afirmó.
Según Alfie, la ANMAC carece de capacidad real para fiscalizar el uso legal del armamento: “Tiene menos de diez inspectores para controlar todo el territorio nacional”, lo que, a su criterio, abre la puerta al tráfico ilegal y al uso indebido de estas armas.
El especialista también recordó que países como Australia y Nueva Zelanda adoptaron políticas opuestas luego de masacres públicas, restringiendo severamente el acceso a armas semiautomáticas por el alto riesgo que representan.
Una política de flexibilización armamentista
La autorización forma parte de una serie de decretos emitidos por el gobierno de Milei para flexibilizar la tenencia de armas. En mayo, se implementó la “tenencia exprés”, que digitalizó y simplificó el trámite para obtener permisos de portación.
Además, a finales de 2024, otro decreto redujo la edad mínima para ser legítimo usuario de armas de 21 a 18 años, decisión defendida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también firmó el nuevo decreto junto al presidente Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Bullrich argumentó entonces que si a los 18 años los jóvenes pueden votar, ir a la guerra o cambiar de género, también deberían tener derecho a portar armas.
Contexto y cifras
En Argentina, un país de unos 45 millones de habitantes, se estima que cerca de un millón de personas tienen credenciales de usuario de armas de fuego, aunque más del 65% están vencidas, según datos obtenidos por Chequeado en mayo.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señala que en 2022, la mitad de los homicidios dolosos se cometieron con armas de fuego.
Hasta diciembre de 2023, el país mantenía un programa de entrega voluntaria de armas, que desde 2006 permitió destruir más de 200.000 armas y dos millones de municiones.
