Madagascar ha aprobado una polémica ley que permite la castración química y quirúrgica de las personas consideradas culpables de la violación de menores. Este nuevo y contundente castigo para los violadores, fue una ley propuesta por el Gobierno del primer ministro Andry Rajoelina, como parte de los esfuerzos para hacer frente al alarmante aumento de casos de violencia sexual contra niños en el país.
En 2023, se registraron 600 casos de violación de menores. Mientras que en el mes y medio que va del año 2024, ya se han reportado 133 casos.
Lo más preocupante de la situación, es que se cree que estas cifras podrían ser aún más altas debido a que la gran mayoría de víctimas siente miedo de denunciar a sus agresores. Ya que un gran número de violaciones infantiles ocurren dentro del ámbito familiar.
Esta nueva ley ha generado críticas entre grupos de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI). La ONG ha pedido a las autoridades de Madagascar que deroguen una ley que permite la castración química y quirúrgica como castigo por la violación de niños.
Esa medida «constituye un trato cruel, inhumano y degradante, como castigo para quienes son declarados culpables de violar a menores», ha afirmado el director regional de AI para el este y sur de África, Tigere Chagutah, en un comunicado.
A pesar de las opiniones divididas en torno a este proyecto de ley, sigue avanzando para que sea una realidad. Ahora, deberá pasar por el Tribunal Constitucional Supremo antes de que el presidente de Madagascar lo promulgue oficialmente.
