Expertos de la ONU aseguraron que el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dio un «golpe final» al Estado de derecho en Nicaragua con la reforma constitucional que les otorgó un «dominio absoluto» y una «maquinaria de represión», según un informe publicado este miércoles.
«Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (…) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas», subrayó el reporte anual del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El cambio casi total a la Constitución, que entró en vigor el 18 de febrero, elevó el rango de Murillo de vicepresidenta a «copresidenta», concedió al gobierno el control de todos los poderes del Estado, aumentó el mandato de cinco a seis años y creó un ejército de decenas de miles de policías «voluntarios» encapuchados.
La reforma «representó un golpe final al Estado de derecho» y «eliminó los pocos controles institucionales que quedaban, creando un poder ejecutivo con dominio absoluto», subrayó el Grupo de Expertos sobre Nicaragua, órgano independiente con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ortega y Murillo aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de abril de 2018, que consideraron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington y cuya represión, en la que según el Grupo e la ONU participó el ejército, la policía y paramilitares, dejó más de 300 muertos.
Desde 2018, «han afianzado progresivamente su control total» llevando a cabo «sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos», señaló Jan Simon, presidente del grupo de investigadores.
Los expertos de la ONU señalaron que la nueva Constitución anuló las «libertades básicas» y que en el país «opera una amplia red de inteligencia que son «los ojos y oídos» para vigilar y controlar a la población.
«Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo», dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.
La reforma establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, y el despojo de la nacionalidad nicaragüense a quienes el gobierno considere «traidores a la patria», como hizo con unos 450 críticos y opositores expulsados del país en los últimos años.
«Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto para quienes permanecen, mientras que aquellos que se atreven a resistir, o que simplemente son percibidos como disidentes, enfrentan una vida de apátrida y exilio» dijo Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Otra de las controvertidas normas de la Constitución reformada es la creación de una «policía voluntaria», integrada por civiles para apoyar a las fuerzas de seguridad, entre los que según los expertos de la ONU se encuentran «empleados públicos».
Desde mediados de enero pasado, más de 50.000 civiles, con capuchas negras y camisetas blancas, fueron juramentados por las autoridades de Nicaragua como «policía voluntaria».
Este miércoles, Ortega y Murillo juramentarán al jefe de la Policía, Francisco Díaz, su consuegro, por otro mandato de seis años, en un acto en el que según el gobierno serán juramentados 30.000 «policías voluntarios» en Managua.
Durante las protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el gobierno llamó el «pueblo», intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
«Las instituciones estatales y paraestatales y el FSLN (gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional) se han fusionado en una maquinaria unificada de represión», agregó el informe.
El Grupo reiteró que las violaciones a derechos humanos en Nicaragua constituyen crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos, y consideró que el gobierno debe «rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia».
«La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes -acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas— para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas», agregó Brody.
Fuente: AFP.
