Una nueva normativa en el municipio de Arraiján, en Panamá, ha generado controversia entre la ciudadanía y activistas de derechos animales. El reglamento establece una multa de 100 dólares para aquellos propietarios de mascotas cuyo ruido, especialmente de perros, supere los 50 decibelios entre las 6:00 p.m. y las 7:00 a.m. La medida, firmada por la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba y publicada el 31 de octubre, fue difundida recientemente por medios locales y ha desatado un intenso debate en el país.
La normativa, dirigida a controlar el ruido en áreas residenciales y edificios, ha sido interpretada por muchos como una sanción directa a los ladridos de los perros, algo que los defensores de los animales consideran injusto e impráctico. La Comunidad Proteccionista de Animales en Panamá expresó su rechazo, afirmando en sus redes sociales: “Decimos NO al Decreto de la Alcaldía de Arraiján que pretende sancionar a los dueños de mascotas cuyos perros ladren después de las 6:00 p.m.”
Consecuencias y críticas al decreto
Los activistas sostienen que esta medida podría traer consecuencias negativas, como el aumento en el abandono y maltrato de mascotas. “Los ladridos son una conducta natural de los perros; no pueden ser modulados como si se tratara de un dispositivo. En lugar de sancionar, se debería buscar entender las causas del ladrido y trabajar en soluciones para calmarlos”, señaló la Comunidad Proteccionista de Animales.
La organización también subraya que penalizar a los propietarios por el comportamiento instintivo de sus mascotas es una medida desproporcionada y poco efectiva para abordar el problema del ruido en las zonas residenciales.
Un llamado a la revisión de la normativa
La controversia en torno a este decreto ha puesto en el centro del debate la relación entre regulaciones de convivencia y derechos de los animales. Los activistas piden a las autoridades de Arraiján que reconsideren la medida y busquen alternativas que no afecten el bienestar de las mascotas ni fomenten su abandono.
El caso de Arraiján plantea un desafío en la búsqueda de equilibrio entre el bienestar animal y la convivencia ciudadana, y los defensores de los derechos de los animales esperan que se revisen las sanciones para evitar impactos negativos en la comunidad de mascotas y sus propietarios.
