El Salvador recluyó en una cárcel de máxima seguridad a 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y 23 de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), deportados desde Estados Unidos bajo una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
La decisión generó una fuerte controversia debido a la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma usada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial.
El presidente Trump justificó la medida argumentando que estos individuos representaban una «invasión» y podía considerarlos «enemigos extranjeros» sin necesidad de pruebas adicionales.
Sin embargo, el juez federal James E. Boasberg suspendió la orden el sábado por la noche, cuando el traslado ya estaba en proceso.
Según la demanda presentada contra la administración de Trump, dos aviones con detenidos despegaron desde Texas antes de la orden judicial y continuaron su trayecto hacia El Salvador. Un tercer avión partió tras la audiencia y la publicación oficial de la decisión del juez, lo que ha suscitado interrogantes sobre si la administración desafío deliberadamente la orden judicial.
Reacción de Bukele y la llegada de los deportados
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó la llegada el domingo último de los deportados a su país y su inmediato traslado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad.
En la red social X, Bukele comentó de manera irónica la decisión judicial estadounidense escribiendo: «Oopsie… Too late» (Ups, demasiado tarde).
Las imágenes difundidas por el gobierno de El Salvador muestran a los reclusos encadenados y siendo trasladados a la prisión. A su llegada, fueron rapados y registrados con un estricto protocolo de seguridad.
Críticas y defensa de la medida
Desde Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro denunció que Trump está «criminalizando a los migrantes» con una ley «anacrónica».
A su vez, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la falta de pruebas en la deportación masiva, señalando que algunas personas podrían haber sido expulsadas sin pruebas concretas de su vinculación con las pandillas.
La Casa Blanca negó haber ignorado la orden del juez Boasberg y sostuvo que la medida es legal. «Actuamos dentro del marco de la ley y tenemos plena confianza en que ganaremos este caso en los tribunales», declaró la portavoz Karoline Leavitt.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 podría sentar un precedente sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia de inmigración y seguridad nacional.
Mientras el Tribunal revisa la legalidad de la decisión de Trump, la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sigue en aumento.
La próxima audiencia sobre el caso está programada para este lunes por la tarde, donde el gobierno de Trump deberá responder sobre el proceso de deportación y si incumplió la orden judicial.
Con información de AFP y La Prensa Gráfica (El Salvador)
