El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró la nulidad total e insanable del concurso para seleccionar y designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, tras detectar serias anomalías en la fase de Méritos del proceso. La decisión fue adoptada en la sesión ordinaria con los votos de los vocales Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente Mario Godoy. La vocal Yolanda Yupangui se pronunció en contra.
Entre las irregularidades detectadas, 17 de las 35 calificaciones revisadas presentaron inconsistencias graves. Estas incluyeron diversidad de criterios en la aplicación de normas, inobservancia de la ley y discrecionalidad al evaluar méritos. Además, se puntuaron documentos que no cumplían con los requisitos establecidos, incluyendo títulos que no correspondían a las especialidades postuladas. Un aspirante incluso presentó un certificado en Derecho Ambiental, pese a que no era relevante para el área del concurso.
El informe también reveló que se ignoraron las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que exigían la participación de la Dirección Nacional de Talento Humano y el Comité de Expertos en la calificación de méritos. En su lugar, intervinieron únicamente la Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificaciones externos, lo que constituye una grave irregularidad.
Otra anomalía detectada fue el incumplimiento del reglamento, que exige 15 años de ejercicio profesional como abogado para ser considerado experto. Esta disposición contraviene el Código Orgánico de la Función Judicial, que establece un requisito mínimo de 10 años, ya sea en la abogacía, la judicatura o la docencia universitaria.
Asimismo, el proceso fue afectado por la inclusión de un economista y un psicólogo organizacional entre el personal encargado de validar la experiencia de los expertos en Derecho, generando cuestionamientos sobre la idoneidad de los encargados. También se identificaron inconsistencias en la metodología del Examen de Confianza y los términos de referencia de la empresa Métricas Web, encargada de las evaluaciones.
La acumulación de estas anomalías comprometió la imparcialidad y legalidad del concurso, impactando negativamente en los derechos de los participantes y la confianza pública en el sistema judicial. La nulidad se fundamentó en los artículos 53 y 264.10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que permiten declarar la nulidad total de los concursos cuando se detectan irregularidades que generan una afectación grave al proceso.
