La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Antimafias, una reforma que busca ampliar las herramientas legales para enfrentar a las estructuras del crimen organizado en Ecuador. De acuerdo con la información proporcionada, la propuesta obtuvo 85 votos a favor y 61 en contra durante su tratamiento en el Pleno.
Uno de los principales cambios incluidos en el proyecto es la modificación del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer, en determinadas circunstancias, una acumulación excepcional de penas de hasta 60 años de prisión. El régimen se aplicaría cuando una persona reciba condenas por tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes y la suma de las sanciones supere los 40 años.
La reforma también incorpora nuevas figuras destinadas a sancionar diferentes formas de participación dentro de organizaciones delictivas. Entre ellas constan disposiciones para quienes financien, recluten personas, faciliten bienes o recursos y cumplan otras funciones destinadas a sostener las operaciones de estas estructuras.
Nuevas herramientas contra estructuras criminales
El proyecto contempla además los delitos de desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado, dirigidos a sancionar acciones mediante las cuales organizaciones criminales obliguen a personas o comunidades a abandonar sus hogares o restrinjan su movilidad mediante amenazas, violencia o intimidación.
También incluye reformas relacionadas con la investigación de organizaciones delictivas, la administración de bienes vinculados con actividades ilícitas y sanciones para profesionales que utilicen de manera dolosa sus servicios para facilitar determinados delitos. El texto plantea cambios no solo al COIP, sino también a otros cuerpos legales vinculados con la Función Judicial y la extinción de dominio.
Según la información compartida, los 85 votos favorables provinieron del oficialismo y bancadas aliadas, mientras que 61 legisladores votaron en contra. Una vez superada la votación en la Asamblea, el proyecto deberá continuar con el trámite correspondiente antes de que sus disposiciones puedan entrar en vigencia.
