El Gobierno Nacional comenzó el proceso de deportación de personas privadas de libertad (PPL) de nacionalidad colombiana, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad interna y combatir el crimen organizado.
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la medida contempla la salida de 700 reos colombianos de un total de 1.000 que cumplían condenas en diferentes centros penitenciarios del país por delitos como robo, receptación, tráfico de drogas y otros atentados contra la propiedad.
“Estamos iniciando la deportación de mil ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas. Esta es una acción concreta dentro de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado”, declaró el ministro a través de un comunicado oficial.
Los deportados tendrán prohibido ingresar al Ecuador durante los próximos 40 años, como parte de una sanción migratoria que busca impedir su retorno al país una vez cumplida la pena o tras su salida anticipada.
Reimberg aseguró que esta decisión responde a una necesidad urgente de preservar la paz y el orden: “No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles. La seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo”.
