El expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, fueron sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Pruebas COVID-19. El Tribunal determinó la responsabilidad de ambos en calidad de colaboradores.
Además de la pena privativa de libertad, la justicia dispuso que Bucaram y su hijo paguen una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, es decir, USD 9 640.
En el mismo proceso, Leandro Berrones y el ciudadano israelí Sheinman Oren recibieron una condena de 13 años y 4 meses de prisión, al ser considerados autores directos del delito.
El Tribunal anunció oralmente su decisión este miércoles, luego de varias suspensiones y diligencias fallidas que retrasaron la resolución del proceso.

Bucaram enfrentaba juicio por delincuencia organizada
El caso involucra a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otras dos personas. La Fiscalía los procesó por presunta delincuencia organizada relacionada con la adquisición y comercialización de pruebas de COVID-19 que involucraron a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.
El 14 de mayo, la Fiscalía solicitó una condena contra los procesados. Sin embargo, la audiencia para conocer la resolución no pudo completarse en seis ocasiones debido, entre otros factores, a la ausencia del exmandatario.
Tribunal había ordenado su aprehensión
El 3 de septiembre, el Tribunal dispuso que Bucaram sea aprehendido una vez que recibiera el alta médica. Dos días después, el expresidente presentó un recurso de hábeas corpus para intentar evitar la ejecución inmediata de esa orden.
Horas antes de la audiencia de este miércoles, Bucaram informó en su cuenta de X que había solicitado voluntariamente el alta médica, pese a que, según afirmó, atraviesa una delicada condición cardíaca.
El exmandatario había anticipado públicamente que podía recibir una condena de entre cinco y siete años de prisión y reiteró su inocencia frente a las acusaciones.
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