La madrugada de este 23 de marzo, la Policía Nacional ejecutó la denominada «Operación Ágata» en las provincias de Los Ríos y Guayas, logrando desarticular una presunta organización delictiva dedicada al contrabando de medicamentos sin registro sanitario.
Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura estaría liderada por un concejal del cantón Vinces, quien operaba junto a varios familiares en la importación y comercialización ilegal de fármacos, principalmente destinados a tratamientos oncológicos.
Investigación de seis meses
Las autoridades detallaron que la operación se ejecutó tras aproximadamente seis meses de labores investigativas. Durante ese tiempo, los agentes identificaron que los implicados adquirían medicamentos desde países como Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia, utilizando documentación irregular.
Riesgo para la salud pública y perjuicio económico
El ministro Reimberg advirtió que estas prácticas representaban un alto riesgo para la salud de los ciudadanos, debido a que los medicamentos no contaban con registro sanitario ni garantías de calidad.
Además, las autoridades estiman que esta red habría generado un perjuicio económico cercano a un millón de dólares al Estado ecuatoriano. A esto se suma un presunto incremento patrimonial injustificado que rondaría los 500 mil dólares.
Resultados de la Operación Ágata
Como parte del operativo, la Policía ejecutó siete allanamientos en las provincias intervenidas, incluyendo un consultorio médico. Las acciones dejaron los siguientes resultados:
- Seis personas detenidas.
- Incautación de dispositivos electrónicos.
- Decomiso de aproximadamente 150 medicamentos oncológicos de alto costo.
- Recolección de otros indicios vinculados con el delito investigado.
Entre los detenidos constan Miguel Ibis M. M. (45 años), Leidy Juliana Nivela Sevillano (31), Henry Javier M. M., Dayanara Belén Cantos Morán (27), Consuelo Elena M. M. (59) y Carlos Eduardo F. A. (58).
Las autoridades pusieron a los implicados a órdenes de la justicia, mientras que las evidencias ingresaron bajo cadena de custodia para continuar con el proceso legal correspondiente.
