La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso de fiscalización sobre las actuaciones de los operadores de justicia en el marco de la denuncia presentada contra el asambleísta Santiago Díaz Asque, señalado por el presunto delito de violación a una menor de edad.
La moción para dar paso a este proceso fue presentada por el legislador Isaac Solano y contó con el respaldo de diez votos a favor. La fiscalización se centrará en verificar que las acciones vinculadas a la denuncia se ajusten al ordenamiento jurídico vigente.
Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, Diana Jácome, recordó que, según el artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público está exento de responsabilidad por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Por ello, subrayó que es deber de la Asamblea Nacional fiscalizar todas aquellas acciones que puedan haberse ejecutado al margen de la ley.
Jácome aclaró que este proceso no afecta la independencia judicial consagrada en el artículo 168 de la Constitución, pues el objetivo es únicamente garantizar la transparencia del proceso sin interferir en decisiones jurisdiccionales. “No vamos a evaluar las decisiones judiciales, sino las acciones que se adopten en este sentido”, recalcó.
Como parte de la fiscalización, se solicitará la comparecencia del asambleísta Santiago Díaz Asque y de los legisladores que firmaron el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), propuesto por el asambleísta denunciado.
