El Gobierno ecuatoriano ha informado oficialmente a Colombia su decisión de iniciar un proceso de deportación de ciudadanos colombianos que se encuentran privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país. Así lo dio a conocer este jueves la Cancillería colombiana, que confirmó haber recibido la notificación mediante los canales diplomáticos correspondientes.
La medida se enmarca dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y responde a los esfuerzos del Estado por reducir la sobrepoblación carcelaria, fortalecer el sistema penitenciario y reforzar los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria y de seguridad.
“El Gobierno del Ecuador ha transmitido al Gobierno de Colombia su propósito de dar inicio, en el marco de su ordenamiento jurídico, a un proceso de deportación de colombianos privados de la libertad en diferentes centros penitenciarios en ese país”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado oficial.
Desde Bogotá, la Cancillería indicó que ya se están llevando a cabo gestiones diplomáticas para acordar el procedimiento y asegurar condiciones dignas para los connacionales que serán retornados. “Se están adelantando las gestiones tendientes a acordar un procedimiento que garantice condiciones dignas para el traslado […] así como los principios de seguridad, orden y regularidad que orientan el accionar de los Estados en materia migratoria”, indicó la entidad.
Cronograma de deportación de colombianos aún no definido
El proceso, que aún no tiene un cronograma público definido, se desarrollará bajo estrictos parámetros de respeto a los derechos humanos y de conformidad con los tratados internacionales vigentes.
El Gobierno de Colombia calificó la medida como un acto de protección humanitaria y reafirmó su compromiso con la atención prioritaria a la población migrante. “Con este gesto de protección humanitaria, el Gobierno de Colombia reafirma el lugar prioritario que la atención a los migrantes ocupa en su política exterior”, concluyó el comunicado.
Esta acción se suma a una serie de reformas y medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano en el marco de su política de reestructuración institucional y control del sistema penitenciario.
